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02-11-2010
El Gobierno de Navarra presenta alegaciones a la norma de peajes de la Diputación de Guipúzcoa
En rueda de prensa ofrecida el pasado viernes 29 de octubre, la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado, informó acerca de las alegaciones presentadas al “Anteproyecto de norma foral por la que se establecen los criterios para la determinación de gravámenes a aplicar a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de infraestructuras viarias en el Territorio Histórico de Guipúzcoa”.
A este documento se han adherido las asociaciones sectoriales de la Comunidad Foral, ANET y TRADISNA, así como la Confederación de Empresarios de Navarra y la Cámara de Comercio e Industria.
La Consejera destacó que el objetivo del citado documento no es la realización de modificaciones en la norma, sino su no aprobación. Destacó también los efectos perversos de esta iniciativa que, a pesar de ser tomada de forma unilateral, afecta a otras comunidades, especialmente las limítrofes.
En las alegaciones, precisó Alba, se indica que el establecimiento de peajes en la red guipuzcoana para vehículos pesados de transporte de mercancías, "aunque sin descartar en un futuro peajes también para turismos", supone una trasposición de una directiva "no obligatoria" de la UE "contraria" al criterio del Estado español, que además "puede interferir negativamente" en el resto de autonomías y en especial en las limítrofes con Guipúzcoa. Dicen que es "discriminatorio" con el resto de vehículos y a la oposición del Gobierno de Navarra se han sumado las direcciones de Transporte de Murcia, Castilla y León, Valencia y Asturias.
El Presidente de ANET, Rafael Irigoyen, manifestó su preocupación por la existencia de una provincia o comunidad con estas pretensiones, y por el hecho de que otras administraciones, necesitadas de obtener fondos y generar ingresos, puedan plantearse acciones similares, lo cual significaría el hundimiento del sector. Añadió que la asociación a la que representa apoyará al Gobierno de Navarra en todos los movimientos que haga para evitar la aplicación de esta norma.