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07-09-2011
Bildu, Aralar, PP pueden cambiar la opinión de las Juntas Generales y decretar la anulación del cobro prevista en 2012
El nuevo mapa político emanado en Guipúzcoa de las elecciones de mayo puede aportar un alivio a los camioneros con la más que probable anulación del peaje de Etxegarate, previsto en la anterior legislatura para el próximo año. Su implantación está en estos momentos cuestionada, toda vez que Aralar (1 juntero) y PP (4) han presentado sendas propuestas de resolución en la Diputación guipuzcoana para que se demore o derogue la norma que las Juntas Generales aprobaron en marzo con la trasposición de la directiva de la UE que contempla el cobro a vehículos pesados en carreteras transeuropeas.
Aunque no se ha pronunciado de manera oficial, Bildu, que preside la asamblea provincial con 22 de los 51 junteros, coincide con Aralar y PP en la suspensión del peaje contra la opinión de PNV (14) y PSE (10) que en la anterior legislatura lideraron la estrategia política del gravamen.
La norma que se aprobó tenía un claro objetivo de aplicación en Etxegarate para caminones de 3,5 toneladas a partir del 1 de enero de 2012; y dejaba abierta la posibilidad de extenderse a la autovía a San Sebastián (A-15) y la N-121-A, que atraviesa Endarlatsa.
La incógnita de su entrada en vigor es más que justificable desde el planteamiento, por ejemplo, de Aralar, que propugna una reforma para "solucionar el problema de los transportistas de Guipúzcoa, definiendo qué es tráfico de paso y qué tráfico local" y plantea el intento "de llegar a acuerdos con los territorios limítrofes".
Rechazo de Navarra
El Gobierno de Navarra y entidades y asociaciones de transportistas se han opuesto, en todo momento, a la medida de cobro, por el perjuicio que acarrearía al sector y a la economía en general; y desde la consideración de que cualquier decisión debe ser antes sometida a debate con las comunidades o provincias próximas.
El PP aboga en Guipúzcoa por un sistema de financiación de carreteras no basado en la implantación de peajes "en infraestructuras de alta capacidad que no tengan alternativa gratuita válida". Además de oponerse a su exigencia en Etxegarate, discrepan con su hipotética obligación en la autovía de San Sebastián y en la N-121-A. Las opiniones de las formaciones políticas, en cualquier caso, no dejan de ser validez, a falta de la adopción de un acuerdo que anule los peajes.
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